Entrevista con Gonzalo Guzmán, Jefe de Proyectos Legales de la International Bar Association en Londres
La táctica para combatir la corrupción es muy parecida a una guerra de guerrillas, se necesitan múltiples frentes y estrategias de combate para emboscar al enemigo, afirma el maestro Gonzalo Guzmán, quien trabaja en una asociación que busca herramientas para afrontar los retos y costos de la lucha anticorrupción en todo el mundo.
La vieja epidemia de la corrupción se ha vuelto virulenta y sus síntomas se dejan ver todos los días en los medios. Se aplican muchas medidas tan necesarias como insuficientes. Pero, ¿cómo atacar de raíz el problema si hace mucho tiempo que expulsamos de la vida pública conceptos y comportamientos que dan significado a la existencia? Ideales, honor, integridad, excelencia…, suenan a conceptos ingenuos o trasnochados
¿Qué se entiende por integridad? ¿Qué tan importante es que en este mundo global todas las personas nos comportemos con integridad?
Definir la integridad es complicado pues propicia un debate entre la teoría y la práctica. Los expertos coinciden en que es la alineación entre la ética y la moral. En la práctica entendemos integridad como un sustituto de ética, es decir, afirmamos que alguien es íntegro si actúa conforme a ciertos principios. Pienso que la mejor forma de verlo es decir que la ética dicta qué es lo bueno y qué lo malo, y la moral se relaciona con nuestra acción.
Decimos que alguien tiene una «moral relajada» si opera distinto de como dicta la ética y lo mismo ocurre a la inversa. Cuando los conceptos de ética y moral se alinean obtenemos la integridad.
Un ejemplo: el CEO de una empresa, además de sus obligaciones directivas, dicta conferencias, con base en el espíritu de su institución, sobre cómo las compañías deben actuar con equidad y justicia frente a las reclamaciones de los trabajadores; sin embargo, su empresa es éticamente incorrecta al estar en litigio para no pagar o retrasar el pago de indemnizaciones por una evidente falta a los derechos de algunos empleados. Esta acción consigue que las palabras del CEO y el espíritu de la empresa sean letra muerta y se le catalogue como una institución poco íntegra.
Si bien es cierto que actuar con integridad acarrea costos muy altos, pues implica cumplir con el mercado, las comunidades y las presiones internacionales; a la larga trae consigo beneficios patentes tanto a nivel monetario como de prestigio.
Entre más grande es una empresa, más altas son las expectativas de que actúe con integridad porque tiene mayor poder de mercado y presencia mundial. Por lo general los directivos de una compañía son personas cosmopolitas, con alto nivel educativo; ésa es la razón por la que no se les perdonan sus faltas de integridad, pues tienen la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo.
¿Fomentar la integridad es el camino adecuado para combatir la corrupción?
Yo diría que sí. Se transgrede la integridad cuando se conocen las normas, políticas y procesos corporativos, pero se hacen a un lado y se pasa por encima de ellos para conseguir una ganancia personal o para la compañía. Entre más personas íntegras conformen una institución, menor será la posibilidad de que la corrupción sea una práctica usual.
¿Qué puede hacer la sociedad para frenarla? ¿Ha crecido o es una práctica en retroceso?
La táctica para combatir la corrupción es muy parecida a una guerra de guerrillas, se necesitan múltiples frentes y estrategias de combate para emboscar al enemigo. No basta con fortalecer legislativamente al Estado, ni crear incentivos para que los servidores públicos actúen éticamente, ni educar mejor en las escuelas y universidades; es más, no son suficientes la cooperación internacional, ni el actuar personal. El trabajo individual de cada iniciativa es inútil para conseguir un cambio global, es necesario que todas estas estrategias se dirijan a crear un universo que prevenga la mutación regenerativa de la corrupción.
Es difícil saber si la corrupción crece o decrece porque es un fenómeno que se transforma. Cuando se implementa una nueva manera de combatirla, el criminal la investiga hasta encontrar alternativas para continuar delinquiendo. Sólo se conseguirán resultados si existe una estrategia coordinada por el Estado, el sector privado, la academia y el individuo.
Una opción es conseguir un cambio institucional del Estado para combatir la «tramitología»; es decir, que se legisle y regule el cabildeo y se reduzcan las oportunidades de contacto entre el individuo y el Estado. Para ello es útil el llamado «e-Government» donde las empresas y las personas físicas realizan compras públicas online, sin contactar a ninguna entidad física del Estado. De esta manera no se da pie a ninguna especie de soborno.
Yo formo parte de la International Bar Association que es la organización de profesionales de Derecho, colegios de abogados y sociedades de Derecho más importante a nivel mundial. En el tema de corrupción buscamos concientizar a los abogados sobre la importancia de crear políticas de cumplimiento y anticorrupción dentro de las firmas para conseguir la integridad mencionada.
Entonces, para comenzar a construir un edificio anticorrupción, se necesitan cimientos sólidos. De nada sirven leyes altamente sofisticadas si el Estado no tiene una cultura de cómo trabajar, es decir, una institucionalización.
Éste no es un problema exclusivo de México o Latinoamérica. Yo he trabajado en ciertas partes de África en las que, gracias a la cooperación internacional, existen legislaciones sofisticadas pero carecen de institucionalización; ¿por qué? Porque no tienen raíces consistentes.
¿Cuáles son esos cimientos?
Pueden ser varios. Algunos dirán que las raíces están en el marco constitucional y legislativo, otros asegurarán que se requiere concientizar a la gente sobre qué es bueno y qué es malo. También habrá quien asevere que se necesita una simbiosis entre ambos. Yo estoy a favor de ello, creo que las dos opciones deben coexistir, son los mejores cimientos.
¿Se considera la corrupción un problema internacional grave?
Sí, es un tema actual y relevante en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Es difícil saber, en números, cuál es el daño que causa la corrupción en el mundo pues se cree que es imposible calcularla; sin embargo algunas cifras del Banco Mundial revelan que la medida estimada de corrupción es más o menos de un trillón de dólares (mil billones de dólares). Este dato se calculó a partir de algunas encuestas que se hacen a las empresas con preguntas sobre los sobornos que han tenido que pagar por temas de licencia, regulaciones, etcétera. También encuestan hogares que pagan cierta cantidad para tener acceso a la electricidad, conseguir una licencia para aumentarle un piso a su casa o la tradicional «mordida» a los policías de tránsito.
Existen diversas razones para combatir la corrupción. Para mí las principales son: que la corrupción impacta al libre mercado y que es una amenaza para la seguridad nacional, pues personas que manejan mal los fondos públicos son un peligro para la democracia e incluso para la salud pública, porque se malgasta el dinero que debería destinarse a mejorar hospitales.
¿De quiénes es la obligación de proteger a la sociedad para evitar la corrupción?
Es un deber y un derecho de todos. Se cree que la teoría política le dio al Estado el poder y la responsabilidad de cumplir y proteger a la sociedad, sin embargo no debemos olvidar que el poder reside en el pueblo y como tal debemos exigir que se respeten las leyes y prender las alarmas cuando algo no está funcionando.
Si consideramos que la institucionalización debe ser el primer piso de nuestro edificio anticorrupción, para afianzar los cimientos es necesario que la sociedad civil sea consciente que su labor no es sólo denunciar, sino participar en la lucha actuando íntegramente.
¿Todos los ciudadanos tenemos obligación de vigilar y delatar las actividades sospechosas en nuestro entorno?
Corrupción no es sólo soborno o cohecho, sino también tráfico de influencias, prevaricato, etcétera. Quien presencia cualquiera de estos actos, tiene el deber de denunciarlo o será cómplice del delito. No olvidemos que en todo acto de corrupción hay dos partes, por ejemplo, el que soborna y el que se deja sobornar.
Hay oficios que obligan a mantener el secreto profesional, por ejemplo un abogado o un banquero; por mucho tiempo se pensó que ellos estaban exentos de cualquier tipo de denuncia. Sin embargo México, como país que desea erradicar la corrupción, expidió una ley sobre lavado de capital; uno de sus artículos menciona que todo abogado debe reportar las transacciones sospechosas de sus clientes, sin que esto se entienda como una violación al secreto profesional.
Yo veo este punto como un gran avance, porque se abrió una excepción para un principio considerado irrefutable. Es una muestra de que la sociedad civil tiene el deber de mantener los ojos muy abiertos ante cualquier acto de esta índole.
¿Cómo se relaciona la corrupción con el lavado de activos?
Están intrínsecamente ligados. Los delitos de corrupción como el soborno o el robo de fondos públicos siempre se cometen para obtener un beneficio personal, mismo que sólo se puede disfrutar hasta que se «lave» en cuentas bancarias extranjeras o locales, o con algunas inversiones que propicien que el dinero mal habido pase por legítimo.
Es difícil desvincular estos conceptos porque el lavado de activos se convierte en el vehículo para que, todo aquello que procede de un acto de corrupción, se reutilice en el mercado.
¿Qué leyes deben implementarse para evitar el lavado de activos?
México expidió una «ley antilavado» que planteó nuevos retos y obligaciones claras para los abogados en el tema del lavado de activos. Esboza conceptos de punta no sólo para América Latina sino también para Estados Unidos pues allá tampoco existe una legislación similar, sólo en Europa.
La ley, aunque bien estructurada, exige que el gobierno regule muchos de sus puntos. Esto es un problema pues habrá que ver si México tiene la capacidad institucional para velar por el cumplimiento de la ley.
Otro aspecto que quedó desnivelado en este planteamiento es que ciertos conceptos se ubican por fuera de la ley, yo no he encontrado que en ella se traten temas tradicionales del lavado de activos, como el manejo de riesgos de personas políticamente expuestas. Entonces, creo que es de aplaudir que llegue esta ley, sin embargo todavía queda camino por recorrer.
Para los abogados existe gran expectativa frente a esta legislación, pues en su acción implica un reto conocer bien a sus clientes y no sólo al cliente de manera directa, sino también quiénes son los beneficiarios de una compañía, cómo se manejarán los documentos, cómo se reportarán las transacciones sospechosas y cuál será el apoyo que tendrá quien lo haga, no sólo de la ley sino de sus colegios de abogados. Desde la International Bar Association tratamos de cooperar con un grupo de abogados que den respuesta a todas las interrogantes.
La Universidad Panamericana y la International Bar Association trabajan de la mano con un proyecto para educar en contra de la corrupción. ¿Puedes explicarlo?
La Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana está consciente de la importancia de este tema para la sociedad, razón por la que busca sembrar en sus alumnos herramientas necesarias de juicio que les ayuden a distinguir los retos y costos del cumplimiento «anticorrupción».
La International Bar Association colabora con la meta trazada desde hace tres años y apoya con seminarios en los que se analizan a conciencia los nuevos requerimientos de lavado de activos, anticorrupción y responsabilidad social.
Creo que esta actividad es de aplaudirse, pues está demostrando que no sólo las típicas materias de una carrera de Derecho son importantes, sino también tópicos como estos. Creo que el proyecto UP-IBA es un ejemplo no sólo para universidades mexicanas, sino también del extranjero; de hecho este modelo se está replicando en universidades de Chile, España, Argentina y Colombia.
¿Cuál es la misión de la International Bar Asociation en la lucha anticorrupción?
Tenemos una estrategia global y México forma parte de ella. La IBA notó que tanto estudiantes como profesionales, tienen conceptos claros de lo que está mal; sin embargo carecen de elementos de juicio para crear los elementos de cumplimiento y de buenas prácticas en sus lugares de trabajo. Buscamos atender esta necesidad.
Un ejemplo que conozco radica en las prácticas del Derecho. Las firmas de abogados asesoran a sus clientes sobre cómo actuar conforme a la ley, los riesgos que acarrea un caso de soborno o corrupción y cuáles son las medidas preventivas que se deben tomar. Sin embargo, en muchas ocasiones las firmas no aplican sus conocimientos para ellos mismos.
Es muy importante que las firmas de abogados entiendan que son parte de la cadena de valor de su cliente, pues todos hacen parte del negocio. De hecho algunas empresas consideran a cualquiera que funja como intermediario en su negocio como parte de su cadena de valor, y por lo tanto, tienen todo el derecho de cuestionar ciertas actividades.
Por ejemplo, si la International Bar Association decidiera abrir una firma de abogados en México lo primero que pediría a cada uno de sus miembros es que no estuvieran involucrados en ningún acto de corrupción. Cuestión que se sustentaría en un código de conducta y en otro que especificara cómo manejar el tema de regalos, hospitalidad, atención a clientes, etcétera. Si algún candidato no cumpliera estos requisitos, no sería contratado.
El mercado maneja el tema anticorrupción al cien por ciento, es él quien pide a los profesionistas que se adecuen al nuevo modelo, de lo contrario quedarán fuera.
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Gonzalo Guzmán
• Maestro en Derecho Económico Internacional por la Universidad de Warwick en Reino Unido.
• Realizó un posgrado en Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad de Barcelona.
• Trabajó como asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y fue asociado de Cavelier Abogados, una de las principales firmas legales en ese país.
• Actualmente supervisa todos los proyectos de la International Bar Association relacionados con Derecho económico en los negocios. También gestiona las iniciativas «antilavado» de dinero, lucha anticorrupción, comercio internacional, responsabilidad social empresarial y otras áreas de regulación y cumplimiento.
• Concibió y dirige la «Anti-Corruption Strategy for the Legal Profession», iniciativa de la International Bar Association, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
• Ha sido profesor en la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), en la Universidad Panamericana (México) y en la Universidad de los Andes (Chile).
