Cuando se analiza el proceso de independencia de los diferentes territorios que formaron las naciones iberoamericanas, sin la óptica nacionalista y patriotera del siglo XIX y buena parte del XX resulta que, más allá de cualquier gesto heroico de hombres, mujeres, pueblos, ciudades y villas, la guerra terrible que enfrentó entre sí a los otrora pacíficos súbditos del monarca español no debió, en justicia, haberse dado.
Su resultado lo conocemos: nacieron nuevos estados, independientes y soberanos, pero empobrecidos y sin posibilidades inmediatas de consolidar con éxito el modelo constitucional republicano que adoptaron siguiendo los ejemplos de la república norteamericana y de la francesa, éste por entonces francamente derrotado.
De la monarquía católica nacieron las nuevas naciones, incluida la propia nación española. Desvanecida la figura del monarca, la nación surgida, si bien será capaz de sustituir la vieja idea de soberanía del monarca (o soberanía real) por el moderno concepto de soberanía nacional, en principio se mostró en sí misma incapaz de cohesionar a sociedades tan complejas, separadas y contradictorias.
Construir la nación mexicana, uruguaya, venezolana, guatemalteca o peruana, entre otras, no fue tarea ni fácil ni rápida. No obstante, en todas ellas el Estado –independiente y soberano– surgió con motivo de esa guerra que destruyó riquezas, generó nuevos resentimientos, acabó con pueblos y villas, mermó la población y desarticuló las redes de comercio y comunicación que durante siglos se habían formado o intentado formar.
Súbditos, ciudadanos y «colonos»
La guerra se pudo evitar. Es un hecho que a la luz de la historia del derecho, de la política y de las ideas, resulta incontrastable. El problema fue que la economía y los intereses comerciales primaron sobre las razones de justicia. La modernidad, en este sentido, cobró su precio en sangre.
En efecto, ya el simple cambio de denominación de reinos por colonias –utilizado en el siglo XVIII en vísperas del surgimiento de los imperios coloniales para referirse a los diversos territorios de esa inmensa monarquía católica– supuso una grave afrenta para los criollos quienes reclamaban para sus respectivos territorios una autonomía política fruto de su propia madurez, de su trabajo, de su cultura y, sobre todo, de su riqueza.
A todo lo cual se unió la formación de un incipiente sentido de identidad que los llevó a diferenciarse de los peninsulares y otros habitantes y pueblos de la América española, si bien no fueran capaces de delimitar con exactitud y certeza los límites geográficos de los territorios sobre los cuales ejercieran el pretendido y deseado gobierno autónomo.
La vieja «constitución política» establecida por los gobiernos de la dinastía austriaca, sobre todo por Carlos I y Felipe II, –y que Fray Servando Teresa de Mier creyó encontrar en la Recopilación de las Leyes de Indias– sufrió una seria y radical transformación bajo los reinados de los monarcas borbónicos, más interesados en un gobierno centralizado y vertical que les brindara óptimos resultados fiscales y comerciales para financiar las graves necesidades de la Península, sobre todo las militares.
Si antaño los criollos americanos –y los propios indios– habían sido calificados de leales súbditos –y lo serán hasta lo último–, en el siglo XVIII vieron –y sintieron– cómo se les reducía al papel de simples colonos obligados a satisfacer las cada vez más apremiantes demandas económicas de España. En este sentido, el camino hacia la ciudadanía moderna hubo de recorrer una etapa intermedia, también bastante moderna, la de «colonos», para formar la triada final de «súbditos, colonos y ciudadanos». Y si antes los espacios de autogobierno les habían sido reconocidos a los habitantes del nuevo mundo por aquella vieja «constitución», las reformas borbónicas implicaron un mayor control por parte de la Península, ávida de recursos para sufragar sus conflictos europeos.
Autonomía para América
La Iglesia, los grandes propietarios, los cabildos de indios y de españoles, las corporaciones, todos continuaron siendo generosos a la hora de aportar recursos para salvar a una monarquía que luchó por su independencia frente a Napoleón a partir de 1808. Pero la corona no comprendió los deseos de autonomía de los americanos, ni le importó proyectar invadir a Portugal para repartirse su territorio con el propio Napoleón.
Pretensión, ésta última, que no es posible dejar de subrayar, pues supone uno más de los muchos intentos europeos de obtener o repartirse nuevos territorios; elemento sustancial y característico del colonialismo imperante durante todo el siglo XIX. Aquella generosidad había quedado de manifiesto en la actitud novohispana frente a la promulgación de la tristemente célebre Cédula real de consolidación de vales regios que tanto daño causó a la economía de la Nueva España.
Los acontecimientos de 1808 en la Península y en América deben interpretarse, pues, desde estos reclamos, inconformidades y la novedosa actitud colonialista de España. Todas las iniciativas, esfuerzos, argumentos, ideas y propuestas para que los americanos, ante la ausencia del monarca legítimo, pudieran regirse por sus particulares autoridades e instituciones políticas sin tener que obedecer a las Juntas peninsulares, se formaron a raíz de la invasión napoleónica pero fracasaron o fueron reprimidas por los realistas, adictos ya no al Monarca ni a la Monarquía Española, sino a los intereses económicos y comerciales de los españoles asentados en España o en América.
Lo demostró el golpe de Estado encabezado por el comerciante y terrateniente Gabriel de Yermo en contra del Virrey Iturrigaray en septiembre de 1808 en la Ciudad de México.
De esta actitud moderna, interesada más en obtener recursos que en el «buen gobierno», partió uno de los procesos más injustos de nuestra historia: el rechazo de las aspiraciones legítimas de autogobierno por parte de los americanos.
Al fracasar las súplicas, propuestas y peticiones fundadas tanto en el derecho tradicional como en las modernas ideas del derecho natural, no quedó más remedio que el de la lucha armada contra un nuevo modo de dominio peninsular, el moderno, el colonial.
Hoy sabemos, en efecto, que la guerra insurgente no puede entenderse como una guerra de «liberación nacional» porque no se había formado esa nación, tantas veces invocada para legitimar el establecimiento de un nuevo orden político y la formación misma del Estado. Tampoco se puede considerar de «liberación» porque dicha guerra no supuso un enfrentamiento entre españoles, por un lado, y americanos por el otro.
Ahora podemos estar más de acuerdo en considerarla como una verdadera guerra civil, donde americanos y españoles, indios mulatos y mestizos, combatieron contra americanos, indios mestizos y mulatos.
No debemos pasar por alto que la violencia –la guerra– se originó por un cambio de actitud en el gobierno peninsular respecto de los dominios americanos, y que este cambio de actitud no diferenció a los «liberales» españoles de los «serviles» españoles. Tampoco las juntas provinciales, la Junta de Sevilla, la Regencia, las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, el absolutismo restaurado de Fernando VII y el Trienio Liberal (1820-1823) reconocieron el mínimo reclamo de autogobierno de los americanos, y menos, obviamente, la independencia de los nuevos Estados.
Y eso que los hechos –levantamientos, «gritos», rebeliones, batallas, tomas de ciudades, deposición de autoridades, libelos y folletines– anunciaron, cuando no constataban, que el deseo de ambos (autogobierno o independencia) era absolutamente irrenunciable e inevitable. El fallido propósito de formar y establecer una monarquía española integrada por todos sus territorios ultramarinos en pretendida igualdad política con los peninsulares bajo la soberanía de la «nación española» peca, por su tiempo y circunstancias, cuando menos de ingenuidad si no es que de irresponsable ignorancia de la situación americana.
El precio de la moderdinad
La última oportunidad de España para salvar a la Monarquía Española no se dio en Cádiz, sino en la respuesta que la Junta de Sevilla dio a las múltiples reclamaciones de autonomía presentadas por los cabildos americanos con motivo de la «prisión» del Rey Fernando VII ordenada por Napoleón.
En la actitud de los miembros de la Junta, y luego en la posición asumida por la Regencia, se encuentra la justificación jurídica que fundamenta –al ser rechazadas todas las solicitudes de los autonomistas americanos– la justicia del levantamiento armado.
Si la guerra alcanzó niveles de violencia hasta entonces desconocidos en la América española fue, sin duda, por la reacción cerrada y violenta de los realistas americanos (peninsulares y criollos) que se inclinaron por obedecer a instituciones políticas de escasa, nula o cuestionable representatividad política (Junta de Sevilla, Regencia, las propias Cortes), en lugar de aceptar obedecer a las instituciones legítimamente asentadas por siglos en la misma América.
El mismo derecho tuvieron los americanos para formar sus propias Juntas o para gobernarse por sus tradicionales aparatos institucionales de gobierno –que no sufrieron alteraciones mayores con motivo de la crisis del año ocho– que los peninsulares en España ante la ausencia de un mismo monarca legítimo para todos. Pero lo que se aceptó para España, desgraciadamente se rechazó para ultramar.
Más allá de las consideraciones de tipo social y económico tan importantes, ¿qué explica tanta violencia en una guerra prolongada más allá de lo razonable y de lo justo, conforme al derecho de la época? La tozudez y la miopía políticas españolas determinadas por el deseo de transformar su viejo y caduco imperio en un imperio colonial moderno.
Todavía cuando en 1821, Agustín de Iturbide ofreció desde Iguala las posibilidades de una independencia incruenta, acordada y beneficiosa para la antigua Metrópoli y el nuevo imperio mexicano (en una especie de Commonwealth), la respuesta de los liberales españoles fue el rechazo rotundo al Tratado de Córdoba y, lo más increíble, el intento posterior de reconquista comandado por el brigadier Isidro Barradas. Símbolos y síntomas de que España había perdido toda la brújula política. El precio de dicha pérdida se pagó con cientos de miles de vidas humanas, no sólo en México sino en toda la otrora pacífica América Española. Cosas, también, de la modernidad.
