Las próximas elecciones establecerán un punto de arranque. Siete variables sostienen esta hipótesis.
1. Nivel de urbanización
Hace 30 años, el 50% de los mexicanos radicaban en el campo y el resto en las ciudades. Hoy, el 72% vive en zonas urbanas y el 28% en zonas rurales.
La urbanización implica mayor y mejor acceso por parte de la población a medios de comunicación, educación y nivel crítico hacia los gobernantes. En la gráfica 1 la movilidad social horizontal promedio es radicalmente distinta a 1910. El primer cruce entre la línea punteada y la negrita se refiere al estado de Nuevo León, la segunda a Jalisco y la tercera a México como país.
La urbanización tiene repercusiones a nivel electoral. En la gráfica 2 existe una constante: la línea de urbanización es casi paralela a la de la oposición, exceptuando Michoacán y Nuevo León. En Michoacán, la explicación del rebase de la oposición por arriba de la urbanización se debe, seguramente, a que la oposición aún no tiene el control total de la entidad; en la medida que aquélla se transforme en gobierno, dejará de ser «oposición» en esa entidad. En el caso de Nuevo León, es probable que la administración pública haya sabido manejar eficientemente los altos índices de urbanización con adecuadas políticas públicas y ello desmotiva el crecimiento de la oposición.
2. La atomización del voto
Hacia 1976, el espectro político mexicano se conformaba por cuatro partidos políticos registrados. En 77, la reforma electoral incluyó cuatro más. Esta reforma parecía favorecer al PRI, sobre todo en términos de legitimidad democrática hacia el exterior, pero en el mediano plazo se evidenció que los pequeños partidos sólo servirían para restar votos al partido minoritario mayor, el PAN. La Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), contemplaba la división del país desde una circunscripción hasta cinco. La decisión de cuántas se establecerían para la siguiente elección era una decisión colegiada con los representantes de los mismos partidos políticos (1). El resultado: en las elecciones de 79, 82 y 85, el PAN perdió 42 curules en la Cámara de Diputados (2). La causa: en aquella ley, por razones matemáticas, entre más circunscripciones existieran en el país, más perdía el partido minoritario mayor, el PAN.
Entre 86 y 87 se separan del PRI los actuales dirigentes del PRD, y forman una coalición de partidos minoritarios llamada Frente Democrático Nacional (FDN), y en 88 se vuelven la segunda fuerza electoral, con una votación del 31% nacional (3).
1988 es el año en que los partidos minoritarios resurgen un tanto más independientes y comienzan a minar el voto del PRI. El FDN aglutina la fuerza operativa de esos partidos, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Para las elecciones de 1991, el PRI sobre todo, recupera posiciones y el FDN se disuelve para formar el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En 94, la atomización del voto puede perjudicar en términos electorales al partido mayoritario. La segunda y la tercera reformas electorales en el sexenio de Salinas, establecen mayor apertura informativa para todos los partidos. Esto, necesariamente, provoca que el voto se disemine más aún en las próximas elecciones en detrimento obvio de las tres principales fuerzas electorales: PAN, PRI y PRD.
3. La representatividad del PRI
En la gráfica 3, el PRI pierde representatividad en las últimas cinco elecciones presidenciales: en 64 ganó con casi 90% de los votos efectivos, pero del total de empadronados sólo votaron poco más de 60%. Mucho más dramático es observar las elecciones de 88: el PRI gana con poco más del 50% de los votos efectivos, con casi 25% de los votos de las personas empadronadas y con 22% de todos los ciudadanos en edad de votar.
Esta sensible pérdida de representatividad evidencia una parálisis del mismo sistema. La política electoral que el PRI asumió desde 1929 ha comenzado a dar de sí, en términos de representantividad y alcances. La distribución de la población hoy es distinta y la competencia partidista más aguerrida.
4. Creciente presencia de la oposición y consecuente pérdida histórica de votos del PRI
En la gráfica 4 se observa la votación relativa histórica desde 1910 hasta 1988 en la cual se enfrentan oposición versus poder instituído. Este último siempre ganador. Lo interesante es ver cómo la oposición, en términos relativos, es cada vez más importante y cómo, desde 76, o si se quiere desde 82, cae el voto priísta. Si nos situamos en 88, nunca antes el PRI había ganado unas elecciones presidenciales con una mayoría absoluta tan reducida.
En ocho entidades federativas, la oposición en su conjunto y en términos relativos, gana al PRI en las elecciones presidenciales de 88: Baja California, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Morelos. Es significativo que de estas entidades federativas cuatro estén dentro de las diez con mayor población (5) y mayor contribución al PIB. Sin embargo, en las elecciones legislativas y federales de 91, el PRI recupera todas las entidades federativas con mayoría absoluta a excepción del D.F. En las gráficas 5 y 6 se observa cómo la oposición en la Ciudad de México se mantiene con 53.8% de la votación. Hay que hacer notar que en términos electorales la tendencia de las elecciones legislativas no siempre se confirma con las presidenciales. El caso de Baja California en 1988 es ganado por el FDN y en 89 gana la gubernatura el PAN. También confirma lo anterior la gráfica 7 donde se observa cómo el PRI siempre se recupera en las elecciones legislativas con respecto a las presidenciales, pero nunca lo suficiente para revertir la tendencia a la baja de éstas últimas.
5. Inestabilidad socio-política y repercusiones electorales
Las elecciones de agosto se presuponen altamente discutidas por varias razones: antes del primero de enero, se suponían ya difíciles por la gran presencia del PRD en las zonas urbanas como el D.F. y en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Nayarit y Chiapas. El PAN también ha regionalizado el voto pero lo ha concentrado, localizado en: Chihuahua, Baja California, Guanajuato y, tal vez, San Luis Potosí, Yucatán, Sinaloa y parte del Bajío. Mientras que el PRI se ha quedado con el resto del país, fundamentalmente, con la mayoría de las zonas rurales, además de Nuevo León, Querétaro, Veracruz y parte del Estado de México.
Desde 1986, el PRI parece debatirse entre dos grandes grupos de poder: los llamados desglosados y los tecnócratas. Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo renunciaron a ese organismo político en 86, entre otros militantes resentidos, en términos de poder e ideología. Después de ocho años de fricciones entre el poder instituído y la disidencia, además del factor independiente, esas fuerzas constituyen una seria amenaza electoralmente hablando para el mismo PRI.
Las llamadas organizaciones no gubernamentales (y no partidistas), organizaciones campesinas, vecinales en las zonas urbanas, se perfilan como el fiel de la balanza electoral. Todas ellas podrían decidir perfectamente los resultados de agosto próximo, si se supone que el abstencionismo no será la actitud predominante en 1994 como lo fue en 1988.
Después del primero de enero, el entorno electoral contempla matices que no se pueden dejar de lado. El mercado electoral del PRI en el campo se ha reducido considerablemente; baste observar el porcentaje que hoy vive en zonas rurales. Pero no basta con la sola distribución de la población; hay que tomar en cuenta las repercusiones electorales de la percepción de la gente que vive en esos lugares después de los violentos sucesos de Chiapas. Seguramente el PRI tomará decisiones extraordinarias para recuperar el voto perdido, por lo menos en esa zona.
La inestabilidad no se ha circunscrito a Chiapas, ha llegado a las zonas urbanas en forma de asesinatos políticos y secuestros (6). El 23 de marzo, la violencia impactó a toda la sociedad: Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial por el PRI, es asesinado (7). Desde 1982 no sucedía un hecho similar en el país. Sin embargo, con fecha para el debate entre candidatos a la presidencia, las campañas electorales volvieron a su cauce normal.
Por todos estos acontecimientos de índole social y política debemos suponer un proceso difícil pero solucionable. La capacidad humana e institucional de este país es grande para resolver los problemas inmediatos y de largo plazo.
6. La negociación post-electoral y sus riesgos de credibilidad en el sistema de partidos
En los últimos cinco años, una forma de salir del conflicto post-electoral ha sido negociar con la oposición, después de elecciones con muchas anomalías aparentes en el mismo proceso. El diálogo como fuente de entendimiento siempre es plausible, pero su uso indiscriminado le hace perder fuerza. Parecen existir vacíos jurídicos en la materia que provocan la negociación permanente para solucionar conflictos electorales.
En el caso de una elección presidencial, el problema puede magnificarse, ya que radica fundamentalmente en la credibilidad electoral y en el mismo sistema de partidos. La creencia infundada que la democracia es alternancia en el poder sólo dificulta los procesos. La democracia, antes que otra consideración, es credibilidad, y para que existir requiere un consenso en cuanto a las reglas del juego, para que después de cualquier elección, la ley se imponga y no permita el chantaje y la negociación por la negociación misma.
La credibilidad en el sistema de partidos se basa en el acuerdo explícito de las fuerzas electorales y políticas que concurren en los procesos. El electorado también está de acuerdo con estas reglas, por lo menos hasta el momento del sufragio. Las reglas del juego están explícitas en la ley de la materia. Si alguno de los protagonistas, ya sean partidos, candidatos o electorado, las rompe, comienza a perderse credibilidad. En las últimas elecciones para la gubernatura de Michoacán, la oposición acusaba fraude; la respuesta, después de las negociaciones entre PRI y PRD, dio como resultado un gobernador del mismo PRI, ignorando el argumento principal: fraude electoral.
7. Distribución del ingreso como argumentación pragmática para ejercer el voto de castigo o el sufragio como premio
Este último punto sostiene que el elector ejerce el voto por razones pragmáticas fundamentalmente; no le han satisfecho demandas concretas: agua, pavimento, limpia, seguridad pública y, de manera más importante, aumento en su poder adquisitivo. La distribución del ingreso juega aquí un papel principalísimo. En la gráfica 8 puede observarse que el gran mercado electoral, representado por el 60% de la población, es cada vez más golpeado. Mientras que el 20% superior se beneficia más. El 20% inferior prácticamente se mantiene igual.
POR UNA TRANSICIÓN PACÍFICA
En materia electoral no puede hablarse de predicciones sino de tendencias. En 88, el PRI gana las elecciones con la mayoría absoluta más reducida de su historia. El FDN se coloca como la segunda fuerza electoral del espectro político mexicano. El PAN se ubica, por primera vez en su trayectoria, como la tercera fuerza política del país. Sin embargo, en 1991, PRI y PAN recuperan terreno; la pregunta es, ¿estos partidos revirtieron ya la tendencia iniciada en 88? No lo sabemos. Lo que sí se sabe es que el conflicto político-social de nuestro país es más grave que hace seis años. De aquí que pueda sostenerse que las próximas elecciones se esperen discutidas, fundamentalmente por razones de márgenes de diferencia entre un partido y otro, y el no respeto a la legislación en la materia o, lo que es lo mismo, privilegiar la negociación entre cúpulas de algunos partidos protagonistas en detrimento de la misma ley.
Un elemento a considerar y que suele olvidarse es la infraestructura electoral de cada partido el día de la contienda por el sufragio. En 1988 el FDN contó con el apoyo logístico de cuatro partidos políticos, cosa que en 1994 no será posible, por lo menos si las condiciones actuales, en términos de no alianzas, permanecen.
El PRI registró a sus candidatos a senadores, diputados y representantes en términos de disidencia y descontento; las repercusiones internas pertenecen ya a la opinión pública. En cambio, después del debate, el PAN emergió fortalecido con un capital político inusual, según las percepciones de los medios de comunicación a nivel nacional. Ciertamente en el proceso electoral del 21 de agosto nadie sabe la incidencia que pueda tener este tipo de ejercicios democráticos en nuestro país.
En 1988 la diferencia porcentual entre el partido ganador y el inmediato perdedor fue de 19 puntos, y se observó un conflicto post-electoral que, en el tiempo, tomó los cauces normales. En 94 el contexto político, económico y social, es radicalmente distinto, de tal suerte que si los márgenes entre el partido ganador y el inmediato perdedor no son lo suficientemente amplios, sin llegar a los extremos, aumentaría la probabilidad de conflicto después de las elecciones. Sin embargo, también sería previsible un gran acuerdo político entre los partidos protagonistas que diluyera la posibilidad de conflicto. El llamado Pacto de Civilidad, suscrito por varios partidos, podría volver a tomar vida y convertirse en un excelente recurso de apelación política, todo en aras de la credibilidad del proceso electoral y la transición a la democracia.
(1) Esta norma se aplicó para las elecciones federales de 1979, 1982 y 1985. En 1986 se reformó la LOPPE y se fijó en cinco el número de circunscripciones en que debiera dividirse el país. En 1979 se dividió en tres, en 1982 en cuatro y en 1985 en cinco circunscripciones.
(2) LLAMAS MENDOZA, A. Análisis electoral de la LOPPE. Ensayo inédito.
(3) Instituto Federal Electoral.
(4) Es la suma de los votos por elección de todos los partidos políticos sin incluir al PRI.
(5) Edo. de México, D.F., Jalisco y Michoacán con mayor población; con mayor contribución al PIB: D.F., Edo. de México, Jalisco y Guanajuato. En todas estas entidades, la oposición acumulada y en términos relativos, ha ganado la mayoría absoluta.
(6) La CONCANACO ha identificado alrededor de 150 secuestros en los últimos siete meses. Cfr. El Financiero, 09.05.94, p.5.
(7) El 29 de marzo, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León es nombrado candidato sustituto a la presidencia de la República por ese mismo partido.
