Las empresas más atractivas en el mercado de valores de Estados Unidos son, según algunos analistas, las que dan cuenta del capital humano y la responsabilidad social. Las que, más preocupadas por la educación que por la capacitación, reconocen a los trabajadores como centro, motor y pivote de sus organizaciones y no como simples instrumentos para la producción.
Empresas donde la dirección tiene claro que rendir cuentas al capital, a los empleados y a la sociedad no demerita su autoridad, sino por el contrario, la engrandece y legitima hacia su fin propio: la rentabilidad.
Ya hoy existen en nuestro país empresas que trabajan bajo auditorías sociales impuestas por sus clientes estadounidenses, interesados en que no se explote al empleado mexicano, puesto que el consumidor final no desea productos trabajados por medios ílegítimos o que no respetan los derechos humanos. Son algunas legitimidades y consensos que trae consigo la globalización.
El proceso de apertura mundial acentúa las diferencias entre sistemas y naciones, pero también conlleva conceptos e ideales como democracia, libre mercado y respeto por los derechos humanos. Si se cumplen, ofrecerán a la sociedad beneficios concretos, de otro modo, la consecuencia será la marginación del mercado mundial. El nuevo reto para la rentabilidad social se llama management social.
No sólo las empresas privadas requieren este enfoque, también el sector público, el social y las organizaciones no gubernamentales. El sector público debe cambiar el paradigma de gasto por el de inversión social y presuponer un rendimiento de la erogación económica en esta materia. No es posible competir con criterios de subsidio, hay que transitar a una cultura de riesgo.
Por su parte, las organizaciones no gubernamentales deben aprender a vivir bajo criterios de rentabilidad y eficiencia por el bien del sistema, a no persistir en la idea del donativo para sobrevivir mientras no sean eficientes en su operación. Iniciativa privada, sector público y social han de coincidir en que la transición a la democracia será posible gracias a un cambio cultural que vendrá de aquellas entidades donde la gente es el centro de la actividad laboral.
En el tiradero de la historia de México se encuentran agravios acumulados, resentimientos endémicos, irresolución de identidades, desconfianzas profundas y, sobre todo, paradigmas autoritarios. Si no limpiamos el pasado y nos reconocemos como sociedad, con todas sus diferencias, aceptando con tolerancia y respeto mutuo que somos capaces de construir un futuro mejor, es imposible pensar en términos de un modelo a seguir. Un modelo competitivo en términos económicos, políticos y sociales. La razón fundamental de la marginación es la ausencia de competitividad en el sistema.
La sanación de nuestro país comienza con la reforma política y social, viviendo la democracia, cumpliendo con el Estado de derecho. Mientras falte esto, sólo habrá protagonismos estériles hablando de transición.
La reforma económica de los sexenios de Salinas de Gortari y Zedillo, impactó estructuralmente al sistema, pero fue insuficiente para liberarlo del pasado. La privatización de más de mil empresas y la apertura comercial forzaron al sector productivo a elevar sus niveles de competitividad, pero se olvidó que ninguna reforma económica se consolida si no trae aparejada una reforma política y social.
El avance logrado con la liberalización económica se podría ir por la borda e incluso aumentar el riesgo político y, consecuentemente, el riesgo-país. México dejaría de ser considerado un mercado atractivo para invertir, ello traería más desempleo, más violencia y más patologías políticas o sociales; una es, sin duda, la corrupción.
En términos sociológicos, la corrupción es efecto de combinar extorsión y soborno y se reproduce tanto a nivel sistémico como social. Las prácticas corruptas generan costos económicos, políticos y sociales y crean una disfuncionalidad en el sistema que acaba pagando el resto de la sociedad.
La responsabilidad social que deben asumir los actores no se puede definir a priori, porque depende fundamentalmente de sus diferentes capacidades. No es igual la de una gran empresa que la del estanquillo de la esquina, ni la del Presidente de la República que la de un profesor rural. Sin embargo, todos tienen una responsabilidad social que implica cumplir la ley. Cualquiera que no cumpla lo mínimo de esa responsabilidad generará costos para el entramado institucional y para la sociedad en su conjunto.
Algunas sociedades han sido rehenes de Estados autoritarios, que por razones monopólicas y de colusión de intereses económico-políticos, promueven leyes o normas que propician la corrupción para dirimir discrecionalmente su cumplimiento desde el poder. Promueven incentivos y restricciones para que los diversos actores políticos y sociales justifiquen su comportamiento y acaban en práctica común la extorsión «por el poder» o el soborno «por la sociedad».
En cualquier país o sistema social existe una relación casi de uno a uno entre el nivel de autoritarismo formal o informal y el de corrupción. Evidentemente, un Estado autoritario o una sociedad sobornadora no cumplen con su responsabilidad social.
Hoy en día, es indudable que la alternancia en el Poder Ejecutivo y un gobierno dividido han impactado la vida política y social de México. Las prácticas del poder se transforman y los incentivos por participar ya no se reducen a obtener subsidios, sino a generar riqueza, en contra de la visión centrada exclusivamente en distribuirla.
Las fuerzas económicas tradicionalmente beneficiadas por un modelo político cerrado y autoritario, no necesariamente aceptan el proceso de reforma, porque pierden competencias que estaban en el ámbito de los privilegios y proteccionismos. Sin embargo, una nueva generación ha percibido que, en un mundo globalizado, México sólo podrá crecer si profundiza su proceso de apertura social.
Apertura social significa que cada actor asuma su responsabilidad social, de la que deriva la responsabilidad política. Es impensable que disminuyan los índices de corrupción si seguimos manteniéndonos en el ámbito de los privilegios adquiridos o heredados.
El actual gobierno intenta construir un nuevo régimen; sociedad, empresarios y organizaciones de representación también lo demandan, por ello, todos debemos asumir nuestra responsabilidad reconstruyendo mecanismos e instituciones públicas y privadas que generen valor social agregado.
Un management más social e inclusivo ayudará a esa gran reforma que urge al sistema. No sólo por razones humanitarias, sino porque si de verdad el objetivo estratégico es consolidar la apertura económica habría que liberar a la sociedad, reformar el marco institucional y ejercer en todos los ámbitos el management social.
