Las políticas económicas públicas son eficientes en la medida en que son idóneas para obtener los objetivos deseados de bienestar y competitividad de cada país, y no distorsionan los mercados o el aparato productivo nacional.
Éste no fue el caso de México desde 1982 hasta 2000, período en el que nuestras autoridades recurrieron a dos medidas ineficientes para combatir la inflación: una política salarial y otra de paridad del peso con el dólar, que se tradujeron en costos socioeconómicos muy elevados para la población.
Por su impacto socioeconómico consideraremos sólo la contención salarial como mecanismo macroeconómico para el control de la inflación.
EL FALSO CONTROL
Cuando se controla el aumento en los salarios para «no iniciar la carrera precios-salarios-precios», debemos estar conscientes de que se trata de un planteamiento erróneo: si aumentar el valor monetario de cualquier bien o servicio repercute en forma directa e indirecta en los costos y precios de todos los relacionados con él, con más razón al aumentar la remuneración de los trabajadores, un precio tan importante en nuestra economía.
Sin embargo, este impacto se da por una única vez hasta extinguir sus efectos, por eso a este fenómeno se le conoce como un ajuste en los precios relativos. En cambio, la inflación es un proceso de alza generalizada de los precios en el país sostenida en el tiempo y se relaciona fundamentalmente con la política monetaria implantada por las autoridades del Banco de México, como ya lo explicamos en nuestro artículo anterior .
Por esto es erróneo afirmar que un aumento de los salarios es inflacionario, es decir, que es causa de la inflación nacional. Por el contrario, ese aumento salarial pudo ser consecuencia de que existía inflación en el país antes que otra cosa, o que hubo incrementos en la productividad de la mano de obra.
Dada la conveniencia política, los actores de la comisión tripartita que decide los ajustes a los salarios mínimos (empresarios, gobierno federal y sindicatos) nunca reconocerían públicamente la instrumentalización realizada a la política salarial para el control de la inflación. Asimismo, parecieran no tomar en cuenta que las remuneraciones de los trabajadores son la fuente principal del ingreso familiar, el bienestar de la sociedad y el fortalecimiento de los mercados internos.
Sin embargo, los hechos corroboran dicha instrumentalización. En la revisión de los salarios para el año 2001, fuimos testigos a través de los medios de comunicación de la posición del presidente de la Coparmex y otros representantes empresariales: proponían que los incrementos salariales mínimos fueran de 6.5%, equivalentes a la inflación inicialmente esperada por el Banco de México para ese mismo año. Esto significaría continuar con la pérdida del poder de compra de los salarios, debido a que en un contexto de inflación a la baja, la elevación de los precios del año anterior fue mayor a la esperada para el siguiente; a ello hay que añadir también la presión sobre los precios en caso de que se concretaran el riesgo cambiario y los efectos de una posible reforma fiscal.
Quizás preocupados por inducir las expectativas «apropiadas» en un público sensible a la información del porcentaje de aumento a los salarios mínimos, pero en perfecta incongruencia con los principios de doctrina de la Coparmex, el 6 de diciembre de 2000 un representante empresarial habló sobre la necesidad de que, por última vez, los trabajadores tendrían que «apretarse el cinturón» por el bien del país.
Esta política salarial es reflejo de un pensamiento y actuación que han deteriorado la economía mexicana durante los últimos 18 años, correspondientes al período del llamado desarrollo neoliberal, que podemos apreciar claramente en la gráfica 1.
En los hechos, esa política aplicada en la revisión de los salarios mínimos hizo que perdieran dos terceras partes de su poder de compra, es decir, hoy compran un tercio de los bienes y servicios que podían adquirir en enero de 1983.
Es tal el desequilibrio acumulado en esta etapa, que algunos actores políticos, empresariales y gubernamentales alzan sus voces propugnando que desaparezca la legislación de los salarios mínimos, aduciendo la baja proporción del total de los trabajadores bajo este régimen salarial (en el futuro habrá una menor proporción, si su poder de compra sigue cayendo a niveles infrahumanos), y piden que se deje operar libremente a las fuerzas del mercado; optan por lo más cómodo, en vez de rectificar en materia de política y ética públicas.
La gráfica 2 muestra cómo las revisiones en las remuneraciones tampoco han sido suficientes para evitar la caída del poder de compra de sus trabajadores en casi un tercio durante el período neoliberal, aun en el caso de la industria manufacturera que paga en promedio salarios mayores a los mínimos y supuestamente no está sujeta a control salarial.
EFECTOS DEL FALSO CONTROL INFLACIONARIO
Uno puede dudar de la rectitud de intención de algunos involucrados, pues contener los salarios tiene efectos relevantes para algunas partes:
- Le permite a las autoridades obtener un aparente control de la inflación al incrementar este importante precio en menor proporción al del resto de la economía.
- Permite que sean menores las deducciones en la base gravable del impuesto sobre la renta, lo cual redunda en una mayor recaudación fiscal.
- Los empleadores obtienen en el plazo inmediato un mayor margen de utilidades, lo que les puede resultar benéfico bajo una visión estrecha de costos de producción y del mercado.
- El menor aumento de este importante insumo puede mejorar la competitividad internacional de las empresas que utilicen recursos humanos de este nivel.
- Es también una importante base para acotar los aumentos en los salarios contractuales.
- Pero quizás lo más grave al usar los salarios mínimos como ancla de la inflación, es que permite introducir expectativas erróneas sobre la inflación en el público y reforzar la opinión de que la infalción está siendo controlada de raíz por las autoridades.
El caso de México contrasta con el de los países europeos, donde las políticas públicas de remuneración tienen como objetivo prioritario el bienestar de su población, la remuneración a los empleados por parte de las empresas del viejo continente es mucho mejor que en los Estados Unidos.
Para mantenerse internacionalmente competitivos, los empresarios y gobiernos europeos asumieron el reto de la competitividad mundial promoviendo la calidad, organización y tecnología en sus empresas; y el desarrollo, mejora continua, educación, capacitación, calidad, productividad y creatividad de sus recursos humanos.
En síntesis, tratar de controlar la inflación manipulando un índice tan importante en la economía como los salarios, además de que es ineficiente para ese objetivo, indica un error conceptual básico en la política monetaria del Banco de México sobre qué es la inflación y su causa fundamental.
Por si fuera poco, políticas públicas de este tipo técnicamente nos han regresado a los viejos tiempos de los controles de precios; sus actores siempre han encontrado justificaciones políticas convenientes y suficientes para aplicarlas, como reducir las expectativas de inflación de la población.
Por desgracia, anclar parte de la inflación por esta vía implica graves costos sociales en términos de distribución negativa del ingreso. Lo más lamentable es que complica el problema sociopolítico de la merma continua del poder adquisitivo de los trabajadores menos calificados y, de no corregirse oportunamente, profundizará más aún los niveles de pobreza y pondrá en peligro la estabilidad social y política de nuestro país.
